Detrás de cada producto líder que ves en la góndola, hay una pyme logística y familiar que puso el capital, los vehículos, el galpón y el cuerpo durante décadas para posicionar esa marca. Sin embargo, bajo la promesa de ser "socios estratégicos", en la práctica actual del mercado alimenticio argentino estamos presenciando un patrón sistemático de asfixia financiera que no podemos seguir callando.

Desde mi rol asesorando a distribuidores junto a la Cámara Argentina de Distribuidores de la Alimentación (C.A.D.A.), observo a diario maniobras corporativas calcadas que configuran un claro supuesto de mala fe contractual y abuso de posición dominante

1. La expropiación de la ruta: Una vez que el distribuidor consolidó el mercado, la corporación decide unilateralmente atender de forma "directa" a las cuentas clave o grandes cadenas. Es un robo de cartera y de ingresos disfrazado de eficiencia logística.
2. Ventas atadas (Tying): El abuso de poder en su máxima expresión. Si el distribuidor quiere el producto de alta rotación, le imponen y facturan arbitrariamente stock que no pidió ni vende. Esta práctica destruye el flujo de caja, inmoviliza capital y satura la logística de la pyme.
3. El ahogo financiero: Retenciones de pagos, quita de bonificaciones y deudas de campañas licuadas por el tiempo, todo esto en un sector donde el margen comercial es estrecho, y donde la altísima carga impositiva ya devora casi la mitad del precio final.

Pero hay un límite, y ese límite es la LEY.

La justicia argentina está poniendo freno a estos abusos. Un ejemplo claro de esta línea es el reciente y contundente fallo de Cámara dictado en la causa "Riera Rolando Gabriel c/ Compañía de Alimentos Fargo S.A. s/ Daños y Perjuicios", que se suma a la sólida doctrina jurisprudencial para ratificar que la ruptura intempestiva e incausada tiene consecuencias indemnizatorias. Por ello, las empresas deben saber que:

La clientela forjada tiene un valor económico compensable: Si la corporación se apropia de la cartera o incrementaste significativamente el giro de sus operaciones, debe pagarte (Art. 1497, CCyCN). El preaviso debe ser real y razonable: La ley exige otorgar, como mínimo, un mes de preaviso por cada año de relación ininterrumpida (Art. 1492, CCyCN). Un preaviso ficticio que esconde un vaciamiento es una rescisión maliciosa y obliga a indemnizar el lucro cesante. Las inversiones no amortizadas son un daño emergente: Nadie puede exigirte endeudarte para comprar camiones o montar galpones para luego cortarte el suministro.

La reciente irrupción de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), sumada al andamiaje normativo del DNU 70/2023 y la Ley 27.742 (Ley de Bases), ha planteado un escenario de profunda incertidumbre para el eslabón más débil de la relación productiva: el trabajador. Bajo el rótulo de "agilidad" y "actualización", se han filtrado inconsistencias que colisionan de frente con el bloque de constitucionalidad y el principio protectorio que rige nuestra materia.

El derecho al reclamo íntegro bajo amenaza

El núcleo de la crítica radica en cómo estas nuevas disposiciones intentan restringir o postergar la satisfacción de los créditos laborales. No hablamos de simples sumas de dinero, sino de acreencias de naturaleza alimentaria.

La posibilidad de fraccionar el pago de sentencias condenatorias en cuotas (según la modificación al Art. 277 de la LCT) o la alteración en los mecanismos de actualización de créditos, no son solo "ajustes técnicos". Son barreras que impiden el cobro íntegro y oportuno, lesionando el derecho de propiedad y la garantía de una tutela judicial efectiva.

La importancia vital del primer paso: El TCL

Ante este panorama, la estrategia de defensa del trabajador comienza mucho antes de llegar a tribunales. Al momento de redactar un Telegrama Colisionado Laboral (TCL), la precisión es hoy más obligatoria que nunca.

No basta con describir el cuadro fáctico (el "qué pasó"); es imperativo que el trabajador —debidamente asesorado— plantee de manera expresa la inaplicabilidad y la declaración de inconstitucionalidad de los artículos regresivos del DNU 70/2023 y las Leyes 27.742 y 27.802.

El "No" de los tribunales de Córdoba

Afortunadamente, el derecho no es una letra muerta y la justicia cordobesa ya está marcando el camino. En las últimas semanas, diversos tribunales de nuestra provincia han dictado fallos contundentes declarando la inconstitucionalidad de los artículos que permiten el pago en cuotas y los límites a la actualización monetaria.

El mensaje de los jueces es claro: la modernización no puede ser la excusa para el despojo.

De la "Inocencia Fiscal" a la Sostenibilidad: el nuevo horizonte para las PyMES argentinas

Argentina se encuentra en un punto de inflexión. La implementación de la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799) marca un cambio de paradigma: el Estado ha decidido pasar de la "sospecha permanente" a un voto de confianza hacia el contribuyente. Sin embargo, para que este alivio no sea solo un respiro temporal, debemos mirar hacia los modelos de vanguardia de la región —como el de Chile— e integrar un concepto superador: la Sostenibilidad Tributaria.

El terreno fértil: Menos presión, más confianza

La nueva ley establece un "blindaje" para el contribuyente cumplidor, limitando las facultades de fiscalización retroactiva y elevando los umbrales de la Ley Penal Tributaria. Este cambio tiene un respaldo estadístico contundente provisto por el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal): la presión tributaria nacional efectiva está en una curva descendente, proyectando un 20,2% del PBI para este 2026, frente al 22,5% de 2024.
Este alivio de más de dos puntos del PBI es la ventana de oportunidad perfecta para dejar de discutir solo "cuánto se paga" y empezar a discutir "cómo se cumple".

El puente hacia el cambio: Certificados de Sostenibilidad Financiera

¿Cómo pasamos de la teoría a la práctica? El cambio de paradigma requiere incentivos tangibles. Una propuesta inicial y de alto impacto sería la creación de Certificados de Sostenibilidad Financiera y Tributaria, especialmente diseñados para las PyMEs. Históricamente, las pequeñas y medianas empresas en Argentina no solo han sufrido la carga impositiva, sino también la asfixia administrativa del "cumplimiento". Estos certificados actuarían como un sello de distinción para aquellas empresas que adopten estándares de transparencia y ética fiscal, otorgando beneficios reales:

• Diferenciación de Alícuotas: Beneficios directos en impuestos nacionales para quienes mantengan el certificado vigente.
• "Fast-track" Administrativo: Prioridad en trámites ante organismos públicos y procesos de auditoría simplificados.
• Acceso a Crédito: Los certificados podrían funcionar como un aval adicional de salud financiera ante entidades bancarias.
• Preferencia en Licitaciones: Un puntaje extra para las empresas "sostenibles" que deseen ser proveedoras del Estado.

La PyME como motor de la ética fiscal

Implementar este sistema permitiría que la PyME deje de ser vista como una "evasora por necesidad" y pase a ser el motor de un nuevo contrato social. El modelo chileno de sostenibilidad tributaria, basado en criterios ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza), demuestra que las empresas que transparentan su aporte fiscal atraen mejores inversiones y generan mayor estabilidad.